El más mortal de todos los pecados es el de intentar democratizar la palabra pública.
La ira de los dioses se abate entonces sobre el intruso que profana los olimpos del decir del tiempo, prioridad y privilegio de los constructores de realidades y sus vicarías distribuidas por las capitales de occidente: el sistema mediático hegemónico.
Hoy como nunca, el espacio político está confinado a ser un suburbio del espacio mediático, y esa subordinación hace de los medios un sitio inexpugnable de la propiedad privada. La red de monopolios y oligopolios se afianza cada vez más. Esa es la tendencia, la de la concentración de la propiedad mediante el sistema corporativo que diluye la personería de los responsables de los medios y amenaza desde las oscuridades de los fondos del retablo con la mano poderosa de los grandes titiriteros.
Chávez acaba de cerrar un canal. En realidad lo cierra en el título, y en el copete de cada información no le renueva la licencia. Está claro que los grandes medios no pueden hacer que una cosa pase, pero pueden ponerle el título para que de alguna manera (la manera de los medios) ocurra en sus escenarios.
Hace un par de años publiqué un librito* en donde puse en casos y conceptos unas cuarenta modalidades habituales de manipulación informativa. Podría esperarse que los muchachos hubiesen prodigado un poco de esmero como para sofisticar en algo esas operaciones. Pero no. Cada vez son más obvios, más groseros, más descuidados. Es que cada vez se sienten más impunes porque la concentración fortalece esa sensación. Es que, lo queramos o no, lo advirtamos o no, van camino al poder omnímodo.
Ya lograron desvirtuar su propia naturaleza. Como todo el mundo debiera saber TODOS LOS MEDIOS SON PUBLICOS. La naturaleza, la esencialidad, la razón de ser de los medios es su carácter público. Luego los medios podrán ser gerenciados por privados, cooperativas, instituciones, organizaciones intermedias o el propio Estado, no hace al fondo de la cuestión.
Ese carácter público, esa naturaleza y esa razón de ser, son el reaseguro del derecho a la información y marca la responsabilidad que los gerenciadores de los medios tienen para con esa garantía. La propia libertad de prensa y de expresión son derechos a custodiar en función (y sólo en función) de la protección del derecho que tiene el ciudadano a ser informado y a saber cómo se le informa. Hay en la historia demasiados ejemplos en los que la libertad de prensa no garantizó el derecho ciudadano a la información, y no hay un solo caso a la inversa.
Una digresión. Apena, en este sentido, que Canal 7 diga de sí ser «La televisión pública» sin entender que más que endilgarse una condición que no puede eludir, consolida la voluntad de los medios en manos privadas de arrogarse el derecho de hacer con sus señales lo que se les dé la real y oligopólica gana. Cierro la digresión diciendo que apena, pero no sorprende.
La democratización de la palabra pública no logra plantarse como desafío, como objetivo, como propósito ni como parte esencial de un proyecto político nacional en ninguno de nuestros países. No está siendo visto por los que deberían verlo y está siendo ocultado por quienes medran con su desconocimiento, y confundido deliberadamente por los grupos económicos que los concentran bajo sus férulas.
El futuro amenaza con apremios contra los medios no hegemónicos y alternativos en desamparo legal y con la creciente inoperancia o complacencia de los Estados en sus responsabilidades de garantía y regulación.
Sin ley o con ley tramposa; así se vive mientras la prensa canalla pide «libertad» ante cualquier asomo de garantía para el derecho a la información.
* Salven a Clark Kent. Exhortaciones ante la muerte del periodismo. Buenos Aires. Ed. Corregidor.
Esta entrada fue publicada el Lunes, 18 de Junio de 2007 a las 20:09